Nueva York — Nancy Reyes sueña con regresar a México para ver a la hija que dejó allí hace 10 años, pero dice que no se apresurará a acogerse a un plan federal anunciado que la protegería de la deportación y probablemente le permitiría viajar a su tierra natal.
"Nunca he pagado taxes (impuestos) y eso me da miedo", dice Reyes, una inmigrante de 29 años que tiene otra hija nacida en Estados Unidos y que reuniría los requisitos para acogerse a la nueva medida.
"¿Me harán pagar por todos los años que no pagué? ¿Habrá multa?", pregunta la hispana.
El dinero representa un serio obstáculo para esta joven mexicana que vive en Manhattan con su segunda hija y su marido, que trabaja como jornalero, y que debe pagar $1,100 mensuales de alquiler, más facturas.
"A veces no alcanza", murmura Reyes, un ama de casa bajita, de pelo negro.
Y es que los entre cuatro y cinco millones de inmigrantes indocumentados que se beneficiarían de las acciones ejecutivas anunciadas el 20 de noviembre por el presidente Barack Obama deberán pagar una tarifa de $465, resolver el tema de los impuestos, demostrar que han vivido de forma continua por más de cinco años en Estados Unidos, que no cuentan con un historial policial y que tienen hijos nacidos en el país o que son residentes permanentes.
Estos requisitos, y factores como el miedo a salir de las sombras o el hecho de que las nuevas medidas son temporales, podrían frenar a muchos.
Esa reticencia se hizo evidente con el actual programa de suspensión temporal de la deportación de jóvenes que fueron traídos de forma ilegal a Estados Unidos por sus padres cuando eran niños: sólo dos tercios de los llamados "dreamers", o soñadores —un 64%— del 1.1 millón de jóvenes que se calcula son elegibles han enviado solicitudes al gobierno que han sido aceptadas para ser procesadas, según los últimos datos federales, emitidos a finales de septiembre.
El programa arrancó en agosto del 2012 y, hasta ahora, sólo unos 632,000 jóvenes se han beneficiado.
"Algunos se preguntan cómo van a pagar y, aunque hemos hechos esfuerzos para difundir la información, hay personas que todavía no saben qué es (el actual programa de suspensión de deportaciones)", dijo Laura Vázquez, analista de asuntos de inmigración para el Consejo Nacional de La Raza.
El mes pasado Obama también anunció que ampliaría el programa: eliminó el requisito de ser menor de 31 años e incluyó a los jóvenes que fueron traídos ilegalmente por sus padres antes del 2010, en lugar de junio del 2007, que era la fecha previa.
José Palacios, un mexicano de 23 años que vive en Tampa Bay, Florida, no se ha acogido al programa para jóvenes porque le resulta difícil demostrar que ha vivido de forma continua en el país.
"Después de obtener mi diploma en la escuela tuve que empezar a trabajar en construcción, cobrando en efectivo, para un empleador también indocumentado. No tengo documentos que demuestren ese periodo de tiempo", declaró Palacios, quien fue traído al país por su madre soltera a los cuatro años, según dijo.
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