Ciudad de México - Los cárteles mexicanos se movieron con "casi total impunidad", controlaron a autoridades de gobierno y regiones enteras y mataban a cualquiera a voluntad, como lo eviencian las masacres de más de 250 migrantes que se drigían a Estados Unidos en el 2010 y el 2011, según documentos del gobierno de Estados Unidos recién desclasificados.
Los hallazgos detallados en cables diplomáticos de Estados Unidos obtenidos por el Archivo de Seguridad Nacional se suman a las extendidas sospechas de que los cárteles mexicanos, en colusión con funcionarios mexicanos corruptos, representaron el más grande peligro para la seguridad nacional del país, tanto que autoridades estadounidenses se apresuraron a apoyar el esfuerzo del gobierno por restablecer el control, solo para después plantear dudas en privado sobre la estrategia del entonces presidente Felipe Calderón.
En uno de los documentos, funcionartios expresan preocupación porque las acciones del gobierno de Calderón estaban llevando a "consecuencias no buscadas", señalando que la "remoción de dirigentes de Organizaciones de Tráfico de Drogas (DTO) ha permitido a elementos menos experimentados y disciplinados llenar el vacío de poder, contribuyendo al repunte de asesinatos".
Los documentos aportan nueva información y subrayan inquietantes interrogantes de por qué ninguno de los gobiernos hizo más entonces, y aún ahora, para tomar medidas preventivas que hubieran evitado el asesinato de migrantes cuya única falta fue viajar por una zona peligrosa armados de esperanza por una vida mejor. En cambio se conviertieron en presa instantánea del crimen organizado, especialmente de Los Zetas.
De hecho, lejos de tratar de ayudar a los migrantes, las autoridades, especialmente funcionarios de inmigración corruptos, tenían otras preocupaciones, como tratar de ocultar sus propias acciones luego del descubrimiento de los cuerpos, dijo Michael Evans, analista y director del Proyecto México/Migración del Archivo de Seguridad Nacional.
"Nos enteramos de que en las semanas y meses posteriores a la masacre del 2010, funcionarios mexicanos parecían más interesados en minimizar los asesinatos y la magnitud de la matanza que en resolver los crímenes", dijo.
Adam Goodman, historiador, catedrático en inmigración en la Ciudad de México y candidato al doctorado por la Universidad de Pennsylvania, agregó: "Los documentos revelan el absoluto fracaso del gobierno mexicano en proteger a los migrantes que pasaban por México antes de la masacre, y el hecho de que sus posteriores acciones han sido ineficaces en el mejor de los casos".
"Dejan en claro que la debilidad de las instituciones y la corrupción extendida a nivel local, estatal y nacional hicieron posible el surgimiento de los cárteles, que competían por el poder y el control de las rutas de migración en Tamaulipas, y la subsecuente violencia en la región", agregó.
El viernes, autoridades en Reynosa anunciaron que la Policía Federal mexicana había rescatado a 61 migrantes que habían sido secuestrados por una agrupación criminal. La mayoría de los migrantes eran centroamericanos. Además de los adultos había menores de edad, entre ellos dos niñas de 8 y 2 años y un niño de 8 años.
Cuando en la Ciudad de México se les dijo del descubrimiento, Rodrigo Flores y Pedro Fabián Fierro, dos inmigrantes de Guatemala que se hacían pasar por ayudantes de mesero mexicanos, negaron con la cabeza disgustados. Están en México esperando a que haya vacantes de empleo en Estados Unidos y sea más fácil cruzar la frontera. "Nada más imagínese todos los cementerios clandestinos que ha de haber en esas regiones", dijo Rodrigo.
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