Washington -- La Corte Suprema indicó el miércoles que podría derogar la ley que impide que las parejas gay casadas legalmente reciban las mismas prestaciones federales disponibles para los matrimonios heterosexuales.
El juez Anthony Kennedy, que con frecuencia emite el voto decisivo en los casos que se definen por escaso margen, se sumó a los cuatro jueces de tendencia más liberal en el planteamiento de interrogantes en torno a la cláusula de la Ley de Defensa del Matrimonio (DOMA, por sus siglas en inglés) que está siendo impugnada ante la Corte Suprema.
Kennedy dijo que la ley parece entrometerse en el poder de los estados que han elegido reconocer los matrimonios entre personas del mismo sexo. Otros jueces dijeron que la legislación crea lo que la juez Ruth Bader Ginsburg llamó dos tipos de matrimonio, el que tiene derechos completos y el "matrimonio de leche descremada".
La ley federal afecta diversas prestaciones disponibles para las parejas heterosexuales casadas, las cuales incluyen impuestos a la herencia, prestaciones de Seguridad Social al cónyuge sobreviviente y seguro de salud para empleados federales.
Aún es posible que la Corte pudiera sobreseer el caso por razones de procedimiento, aunque esa perspectiva parecía menos probable de lo que aparentaba en las argumentaciones del martes en torno al matrimonio gay en California.
El móvil detrás de la ley federal de 1996, aprobada por amplias mayorías en el Congreso y firmada por el presidente Bill Clinton, fue cuestionado repetidas veces por la jueza Elena Kagan.
La magistrada leyó parte de un informe de la Cámara de Representantessegún el cual la razón para promulgar la ley era "expresar desaprobación moral hacia la homosexualidad". Se alzó un murmullo en la sala tras la lectura de esa cita.
Paul Clement, que representa la conducción republicana en la cámara baja en la defensa de la legislación, dijo que la pregunta más relevante es si el Congreso tuvo "alguna base racional para elaborar la ley". Suministró una: el interés del gobierno federal en dar un trato igual a las parejas del mismo sexo sin importar dónde vivan.
Clement dijo que el gobierno no desea que las familias de militares "se resistan a ser transferidas de West Point a Fort Sill porque van a perder sus prestaciones". La Academia Militar en West Point está en Nueva York, donde el matrimonio entre personas del mismo sexo es legal, mientras que Fort Sill se encuentra en Oklahoma, donde las bodas gay son ilegales.
Donald Verrilli, principal abogado del gobierno de Barack Obama en la Corte Suprema, se opuso a Clement con el argumento de que la cláusula en cuestión de la DOMA, la sección 3, discrimina a las personas gay en forma inadmisible.
"Esta legislación no se llama la Ley de Prestaciones Federales Uniformes", afirmó Verrilli. El gobierno desea que la corte aplique el nivel de escrutinio que suele aplicar en los casos de discriminación contra otros grupos desfavorecidos, y eso les dificulta a los gobiernos justificar esas leyes.
La sección 3 de la DOMA dice que, a los fines de la ley federal, el matrimonio sólo puede darse entre un hombre y una mujer, independientemente de las leyes estatales que permiten los matrimonios gay.
Tribunales inferiores han anulado la medida federal y ahora los jueces supremos, en una audiencia de casi dos horas para escuchar argumentos, analizan si hacen lo mismo. Una multitud un poco menor que la de la víspera se congregó el miércoles afuera del tribunal, formada en su mayor parte por partidarios de los matrimonios gay.
La audiencia sigue a una similar el martes sobre la constitucionalidad de la prohibición en California de los matrimonios homosexuales, un caso en el que los jueces indicaron que podrían evitar dar un fallo nacional sobre si los gays y lesbianas tienen derecho a casarse. Incluso sin un fallo así, todo parece indicar que la corte se encamina a una resolución que significaría la reanudación de los matrimonios gay en California.
Los matrimonios homosexuales son legales en nueve estados y en el Distrito de Columbia. Los estados son Connecticut, Iowa, Maine, Maryland, Massachusetts, New Hampshire, Nueva York, Vermont y Washington. En California fueron legales durante menos de cinco meses en el 2008.
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